Dip. OMAR ÁVILA /
El 1° de mayo en Venezuela pasó de ser una fecha de reivindicación de conquistas sociales a convertirse en un hito de la economía de expectativas, lo cual se observa semanas antes del anuncio, cuando el país entra en una ralentización expectante: los comerciantes ajustan inventarios y los ciudadanos calculan una supervivencia que ya no depende de su productividad, sino de la discrecionalidad del Ejecutivo, bajo un modelo de transferencias directas que ha redefinido el pacto social.
Durante la última década, Venezuela ha experimentado una metamorfosis silenciosa pero devastadora en medio del paso de una economía de producción (donde el trabajo generaba riqueza, ahorro y movilidad) a una economía de transferencias (donde del ingreso se percibe a través de bonificaciones no salariales para el trabajador, pero sí impositivas para el Estado).
Esta estrategia, aunque presentada como un «escudo» frente a la inflación, constituye un vaciado del Derecho Laboral al despojar al ingreso de su carácter salarial, anulando las prestaciones sociales, el ahorro a largo plazo y el valor de la antigüedad; en consecuencia, los trabajadores que viven en un presente perpetuo, sin seguridad para el retiro.
El reciente anuncio en el mes de enero sobre la Contribución Especial del 9% para las pensiones, es el síntoma más claro del agotamiento de este modelo, porque ante el colapso del sistema de seguridad social tradicional -asfixiado por una base de cotización formal inexistente-, el Estado recurre a una carga impositiva sobre el sector privado.
Más que una solución técnica, se trata de una transferencia de responsabilidad porque el Estado admite que la nómina de jubilados no puede sostenerse con la estructura de salarios actuales y traslada el peso a las compañías sobrevivientes y nuevas empresas, lo cual genera una distorsión adicional: el costo de emplear aumenta, mientras que la calidad de vida del pensionado sigue dependiendo de un fondo cuya administración carece de transparencia en cuanto al ajuste del aporte por la pérdida del valor diario del bolívar.
Pasada una década, se puede asegurar que la diferencia entre un salario y un bono no es solo económica, es política. El salario es un derecho adquirido, exigible, estable y constitucionalmente protegido; el bono es una concesión discrecional que puede ser ajustada, indexada o eliminada según la disponibilidad de caja o el calendario electoral.
En la Venezuela actual, la formación académica y el esfuerzo técnico compiten en desventaja frente a la asignación centralizada de bonificaciones, ya que la «estabilidad» macroeconómica que el Gobierno intenta proyectar (mediante la contención del gasto salarial), se sostiene sobre los hombros de una población que ha visto cómo el trabajo deja de ser un motor de ascenso social, para convertirse en una estrategia de subsistencia digital.
Llegamos al 1ero de mayo de 2026 con una pregunta de fondo: ¿Es posible reconstruir una nación sobre la base de parches fiscales y bonos de emergencia? La respuesta técnica es negativa y evidencia que la transición hacia una economía real exige el rescate del valor del trabajo.
Desde Unidad Visión Venezuela, tenemos claro que existe la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Trabajo (LOTT), lo cual radica en la urgencia de sincerar la relación laboral en cuanto la retroactividad de las prestaciones. Es primordial modificar la brecha entre «ingreso» y «salario», que ha precarizado la vida del trabajador venezolano. El aspecto fundamental a modificar es sin dudas, el sistema de cálculo de las prestaciones sociales y la base contributiva.
Además, seguimos sosteniendo que se debe anclar el salario al desempeño real de la economía Producto Interno Bruto (PIB), si hay crecimiento reportado, el estancamiento salarial no es una necesidad técnica, sino una transferencia de valor desde el trabajador hacia el Estado. Si el PIB crece, pero el maestro, el médico, el policía, el profesor universitario siguen cobrando bonos de subsistencia, el país está «consumiendo» su capital humano futuro para sostener un equilibrio fiscal presente, lo cual consideramos una forma de descapitalización intelectual.
En conclusión, mientras el ingreso del ciudadano siga siendo una variable de ajuste fiscal y no el reflejo de la productividad nacional, la recuperación será una ilusión estadística. El desafío no es solo aumentar un monto en una plataforma digital, sino devolverle al venezolano el derecho a un salario que le permita ser dueño de su futuro, y no un eterno solicitante de la ayuda oficial.
dip.omaravila@gmail.com
www.unidadvisionvzla.blogspot.com
X e Instagram:
@OmarAvilaVzla
